La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) y las organizaciones empresariales y de autónomos, ante la situación de Estado de Alerta que se extenderá hasta las 00:00 horas del día 12 de abril de 2020 vamos a mantenernos unidas ante esta dura y gravísima situación y acataremos las últimas medidas sanitarias adoptadas, como hasta ahora.

Confiamos que sean eficaces para garantizar la salud de todos los ciudadanos, como algo absolutamente prioritario, y para retomar cuanto antes la normalidad.

Asimismo, tras las diferentes normas publicadas este fin de semana relacionadas con el parón de la actividad económica, así como del ámbito laboral queremos manifestar lo siguiente:

I.- La Confederación Canaria de Empresarios y las organizaciones empresariales seguirán redoblando sus esfuerzos, desde la unidad de sus actuaciones.

La Confederación Canaria de Empresarios, como institución de relevancia constitucional, representativa de todos los empresarios que componen el tejido productivo de las islas y la pluralidad de actividades económicas, así como  las organizaciones empresariales y empresas integrantes ASINCA, la Asociación de Autónomos de Canarias -ATA-, AECP, la Asociación de Clínicas y Centros Hospitalarios, la Asociación de Supermercados de las Islas Canarias -ASUICAN-, FEHT, FET, FEMEPA, FEDEPORT, la Asociación de Centros Comerciales, ASODISCAN, FEC-FEDECO (CECAPYME), ASPROCAN, ACAC, ACADE, la Asociación Canaria de Empresas de Gestión  Inmobiliaria -ACEGI-, ACEI, ADITRAGUA, AINCO, AOTEC, la Asociación Canaria de Tabaqueros, FEFARCAN, CEL, CONFUER, Asociación Canaria de Industriales Tabaqueros, la Confederación Empresarial de Lanzarote -CEL-, la Confederación Insular de Empresarios de Fuerteventura -CONFUER-, FEDEX, FREDICA, entre otras,  que; todas ellas, a su vez, integran a 288 asociaciones que agrupan a más de 24.000 empresas y autónomos, así como casi 200.000 trabajadores, vamos a mantenernos más unidas y activas, si cabe, dada la situación extraordinaria de urgente necesidad, redoblando los esfuerzos para dar servicios a las empresas:

• Nos comprometemos estos días complicados a dar el mejor servicio posible a nuestras organizaciones y empresas, recabando información y resolviendo dudas de la manera más ágil posible, al tiempo que mantendremos las demandas en materia fiscal, laboral y sectorial, entre otras, que compensen los perjuicios del COVID 19 en las empresas.

• Estaremos a disposición de todos los empresarios y autónomos para conocer pareceres, inquietudes y propuestas de cara a superar esta situación lo más rápidamente posible.

• Hemos tomado medidas redoblando esfuerzos para continuar la actividad de defensa de los intereses empresariales, poniendo todos los medios para facilitar el teletrabajo y otros mecanismos de adaptación, con el fin de que se mantenga la prestación de los servicios a las empresas en las mismas condiciones y garantías.

• Vamos a seguir garantizando la prestación de servicios a las empresas y autónomos con normalidad, en cumplimiento de las decisiones tomadas por el Gobierno y, concretamente, tras el último Real Decreto ley publicado este domingo, 29 de marzo de 2020.

 En definitiva, la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) y las organizaciones empresariales seguirán volcándose con todos los sectores, autónomos y territorios, sin excepción, para que las Administraciones estatales, autonómicas y locales establezcan las necesarias medidas de carácter económico y, sobre todo, actúen con diligencia y celeridad, ya que de ello depende el bienestar de empresarios, trabajadores y, de la sociedad en su conjunto.

II.- La Confederación Canaria de Empresarios y sus organizaciones alertan que el cierre de nuevas actividades que establece el nuevo Real Decreto ley va a generar un enorme impacto sin precedentes en la economía y el empleo de Canarias que nos puede llevar, incluso, a una crisis económica más profunda con las correspondientes repercusiones sociales.

Las medidas establecidas entendemos que van a generar un enorme impacto sin precedentes en la economía de Canarias, especialmente en los autónomos y las pequeñas empresas y en los sectores como el industrial, la construcción, la agricultura y los servicios.

La publicación de la norma se produce a última hora del domingo, impidiendo a las empresas poder organizar su cierre con tiempo suficiente y, permitiendo excepcionalmente prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020 con el único propósito de llevar a cabo las tareas imprescindibles.

También se mantuvo la incertidumbre y el desconcierto total en la actividad empresarial, hasta el último momento, de cuáles serían las actividades no esenciales.

En este sentido, estas medidas pueden ocasionar el cierre definitivo de muchas empresas y autónomos, por lo que es necesario redoblar los esfuerzos para que se adopten, con carácter de urgencia, medidas de carácter económico que palien esta dramática situación y que no provoquen una destrucción masiva de tejido empresarial y del empleo de manera definitiva.

Muchas de las medidas planteadas son desacertadas y contraproducentes, por lo que instamos que se adopten medidas fiscales, económicas y laborales imprescindibles para garantizar la viabilidad y supervivencia de las empresas y, por ende, del empleo de los trabajadores.

III.- Sobre las medidas laborales y los servicios esenciales

Entrando en cuestiones concretas;

1) desde un punto de vista constitucional nos surgen dudas sobre si:

(i) un Real Decreto ley puede regular materias reservadas a Ley orgánica -puede afectar a la propiedad privada y a libertad de empresa-

(ii) teniendo el Estado competencias para regular en el ámbito laboral, creemos que va más allá de lo constitucionalmente permitido, supliendo voluntades, eliminando facultades empresariales, estableciendo un permiso retribuido gubernamental que pagan las empresas y no el Gobierno; aspectos todos ellos propios de un modelo de economía estatalista y dirigida.

2) ha eludido, una vez más, al acuerdo con las organizaciones empresariales, incluso obvia la necesaria consulta en una materia de la magnitud de lo aprobado, obviando el papel que nuestro ordenamiento jurídico reserva a las organizaciones empresariales como instituciones de relevancia constitucional.

Estas medidas generarán una señal de alarma que afectará a las decisiones de futuras inversiones empresariales, tanto por el fondo de las medidas adoptadas, como por la inseguridad jurídica, el intervencionismo, y la desprotección y ataque a la iniciativa empresarial que se desprende de las mismas.

• La imposibilidad de tomar decisiones extintivas durante el periodo de restricciones, yendo en contra del principio de libertad de empresa y poniendo en duda la honorabilidad empresarial, bajo la sospecha de que se cometa fraude.

• la revisión de oficio de los ERTES y sanciones ante la consideración por parte de la Administración de que las medidas solicitadas por la empresa en relación al empleo no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina. Se trata de una nueva medida inaudita que nos aboca a una enorme inseguridad jurídica y donde la Administración se arroga unas competencias que no le corresponden, puesto que se trata de cuestiones que, en todo caso, deberían determinar los Tribunales.

• La suspensión de los contratos temporales que supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos como de los períodos de referencia equivalentes al período suspendido, implicará que sectores como el turístico que ha tenido que cerrar en temporada alta y que tenían contratos en vigor que vencían después de la Semana Santa, en la reapertura sin apenas actividad, tendrán que mantener las plantillas previas a la crisis sanitaria.

• En relación a los permisos retribuidos entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive, todas las personas trabajadoras por cuenta ajena -excluyen a los autónomos-, durante este período de tiempo, quedarán exoneradas de prestar sus servicios, si bien los empresarios continuarán pagando los salarios y las cotizaciones a la seguridad social por la totalidad de la jornada habitual, por todos los conceptos retributivos y, al margen de que se recuperen las horas de trabajo a lo largo del año, el primer impacto que se produce es de Tesorería para las empresas, al tener que pagar unas cuantías por un trabajo no recibido sin ingresos de actividad, por lo que debería pagarlo las administración pública y no las empresas.

• Echamos en falta mecanismos de desahogo financiero para los autónomos

En este sentido, lo que precisan las empresas es disponer de mayores instrumentos de flexibilidad para gestionar sus relaciones laborales y poder utilizarlos, evitando o limitando, de ese modo, extinciones de contratos.

IV.- Planteamientos finales

Las empresas canarias acatamos las últimas medidas sanitarias adoptadas, como hasta ahora, al entender que la prioridad es la salud de las personas.

Se sigue con el enfoque idílico y poco realista por parte del Gobierno de que al día siguiente del levantamiento de las restricciones el impacto de lo ocurrido no generará consecuencias, mostrando una evidente negación de la realidad de una economía globalizada.

Las normas publicadas este fin de semana transpiran una desconfianza injustificada en la capacidad y responsabilidad en la gestión empresarial.

Las medidas están estableciendo una limitación sin precedentes de las facultades empresariales que son esenciales desde el punto de vista organizativo, poniendo en grave riesgo las posibilidades empresariales de sobreponerse a las dificultades sobrevenidas por causas dramáticas y ajenas a su voluntad.

En relación al último Real Decreto ley publicado en la noche del domingo, 29 de marzo de 2020 tiene el objetivo de reducir la movilidad para garantizar la salud, un planteamiento loable, si no fuera porque el medio para conseguirlo ha sido instituyéndose como empresario privado para actuar sobre las empresas como si fueran propias.

La única salida posible es la confianza mutua -algo que no se desprende de los últimos dos Reales Decreto leyes- y la puesta a disposición de las empresas y autónomos de mecanismos de desahogo financiero, económicos y laborales que aporten oxígeno para reducir los efectos perjudiciales que se derivan de esta catastrófica situación para empresas y trabajadores. En este sentido, echamos en falta la exoneración de las cuotas de autónomos a la Seguridad Social y otros incentivos para su mantenimiento como fórmula para salvar su existencia.

Las sociedades más modernas y avanzadas tienen como característica destacada la institucionalización del diálogo social entre las distintas entidades territoriales y los agentes económicos y sociales representados por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

En definitiva, es importante que las asociaciones empresariales se proyecten para intervenir en las relaciones laborales, contribuyendo, como dice el art. 7 de la Constitución, en paralelo con los sindicatos, a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios, siendo su acción principal el diálogo social con las administraciones públicas, como instrumento básico para la recuperación y la coordinación que continúa siendo efectiva en el ámbito autonómico canario, -pero no en el nacional-, agradeciendo el esfuerzo del Presidente de Canarias en la unidad de acción con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

José Cristóbal García García

Secretario General

En Las Palmas de Gran Canaria, 30 de marzo de 2020

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