La Confederación Canaria de Empresarios, CEOE-Tenerife, CCOO Canarias y UGT Canarias trasladaron estas propuestas a la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias en el marco de la VIII Concertación Social Canaria.

La Confederación Canaria de Empresarios, CEOE-Tenerife, CCOO Canarias y UGT Canarias han alcanzado tres acuerdos orientados a fortalecer la cohesión social, favorecer el desarrollo económico y mejorar las oportunidades de empleo en el Archipiélago, mediante propuestas consensuadas que serán impulsadas en el marco de la VIII Concertación Social Canaria.

El acto, celebrado en la sede de Tenerife de la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias contó con la participación de Pedro Ortega y José Cristóbal García, presidente y vicepresidente ejecutivo de la CCE, Pedro Alfonso Martín, presidente de CEOE-Tenerife; Elena Vela, secretaria general de CEOE Tenerife; la secretaria general de CCOO Canarias, Vanesa Frahija; y el secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro.

El acto contó además con el respaldo institucional de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, representada por la consejera Jéssica de León Verdugo, la viceconsejera de Empleo, Isabel León Villalobos, y el director general de Trabajo, José Ramón Rodríguez Albertus, a los que se les hizo entrega del acuerdo.

Impulso al Tribunal Laboral de Canarias (TLC)

Las organizaciones firmantes consideran necesario reforzar el papel del Tribunal Laboral de Canarias (TLC), una institución que acumula casi tres décadas de trayectoria contribuyendo a la resolución dialogada de los conflictos laborales y a la paz social en las relaciones laborales.

El acuerdo persigue dotar al TLC de estabilidad, continuidad y recursos suficientes, garantizando su presencia en todas las islas y fortaleciendo mecanismos como la conciliación, la mediación y el arbitraje. Asimismo, propone impulsar un nuevo Acuerdo Interprofesional Canario de Solución Extrajudicial de Conflictos, toda vez que, en el momento actual, las partes consideran que los continuos cambios legislativos en el ámbito laboral refuerzan la necesidad de contar con mecanismos eficaces de diálogo que contribuyan a reducir la litigiosidad y a descongestionar la jurisdicción social.

Formación conectada con las necesidades de las empresas

El segundo acuerdo apuesta por una mayor vinculación entre el sistema formativo y las necesidades reales del mercado de trabajo. Para ello, se plantea impulsar la formación dual también en el ámbito universitario, reforzar los procedimientos de acreditación de competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral y desarrollar un sistema de microcredenciales universitarias que permita responder con agilidad a las nuevas demandas de cualificación.

Entre las medidas propuestas figuran la creación de más oportunidades de aprendizaje en las empresas, la formación de tutores y docentes, la estabilización de los recursos destinados a la acreditación profesional y la elaboración de un catálogo anual de microcredenciales con participación de las organizaciones empresariales y sindicales.

Una respuesta compartida al reto demográfico

El tercer acuerdo se centra en uno de los principales desafíos estructurales que afronta Canarias: la baja natalidad, el envejecimiento de la población, los desequilibrios territoriales y sus consecuencias sobre el empleo, la vivienda, los servicios públicos y la sostenibilidad del sistema socioeconómico.
Las organizaciones identifican tres grandes ámbitos de actuación: el apoyo a la natalidad y a las familias, el fortalecimiento del sistema sociosanitario y la corrección de los desequilibrios territoriales mediante políticas que favorezcan el empleo, la actividad económica y la fijación de población en los municipios con riesgo de pérdida demográfica.

Entre las medidas planteadas destacan la ampliación de los apoyos a la crianza, la mejora de la conciliación laboral y familiar, el impulso de los servicios de atención y cuidados, el aumento de los recursos sociosanitarios y el desarrollo de iniciativas orientadas al retorno del talento joven, el relevo generacional y la diversificación económica de las zonas más afectadas por el declive demográfico.

Las partes coinciden en que el reto demográfico exige una visión transversal que integre aspectos como el empleo, la vivienda, los servicios públicos, los flujos migratorios, la conectividad y la colaboración público-privada. Asimismo, reconocen la relevancia estratégica de las políticas de vivienda y de una adecuada gestión de los movimientos migratorios para garantizar el desarrollo económico, social y territorial de Canarias, comprometiéndose a seguir profundizando en el diálogo y la búsqueda de consensos durante 2026.

Estos acuerdos reflejan la capacidad de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de Canarias para identificar desafíos comunes y construir propuestas compartidas que contribuyan al progreso económico, la creación de empleo y el fortalecimiento de la cohesión social del Archipiélago.