En la mañana de hoy, 17 de noviembre, la Junta Directiva de la Confederación Canaria de Empresarios se reunión con Rosa Santos, Directora del Departamento Empleo, Diversidad y Protección Social de CEOE. El encuentro, en el que participó Pedro Ortega y José Cristóbal García, Presidente y Vicepresidente ejecutivo de la CCE, además de una representación de miembros de la Junta Directiva, se pudieron analizar los temas de actualidad que se están abordando en las diferentes mesas de negociación con el Gobierno del Estado y los sindicatos.

En la reunión se expuso la dificultad que suponen los continuos cambios en el ordenamiento jurídico, que se han implementado sin haberse sometido a consulta, ni debate con los interlocutores sociales, lo que está generando inseguridad jurídica y dificultad interpretativa de las normas que afectan a las relaciones laborales y a la gestión de los recursos humanos.

Se abordaron aspectos relacionados con el absentismo laboral y, concretamente, cómo afrontar la mejora de la gestión y el control de las ausencias como consecuencia de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes (ITCC), su afectación sobre la productividad, medidas para favorecer la reducción del absentismo, el posicionamiento empresarial respecto a la reincorporación progresiva, sobre el papel más protagonista que deben tener las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social en el seguimientos de la bajas laborales, entre otras cuestiones.

Se hizo constar la mala regulación de los permisos y la intención del Gobierno de ampliarlos, lo que está generando muchas dificultades organizativas y económicas en las empresas a las que le desplazan costes que debieran ir con cargo a prestaciones públicas.

Se abordó las dificultades que puede generar el nuevo Real Decreto del Salario Mínimo Interprofesional que, aunque no se ha propuesto aún una cuantía, el Gobierno propone dicha norma para modificar las reglas de compensación y absorción salarial, impidiendo que los complementos puedan ser compensados o absorbidos, en un claro ataque al principio de jerarquía normativa.

También se expresó la preocupación por el contenido del borrador de Real Decreto sobre el registro de jornada, que impone obligaciones técnicas y operativas potencialmente desproporcionadas, especialmente para pymes que incrementan las cargas internas y pueden generar conflictos laborales.

Finalmente, también se abordaron cuestiones en relación a la modificación de la Ley de Prevención de Riesgos laborales e igualdad.