En la mañana de hoy, la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) participó, a través de su vicepresidente ejecutivo, José Cristóbal García, en las jornadas nacionales organizadas por la CEOE bajo el título “Absentismo por IT: un problema de país”, donde se puso de manifiesto la creciente preocupación por el aumento de las bajas laborales por incapacidad temporal por contingencias comunes (ITCC) y su impacto sobre la economía, la productividad y la sostenibilidad del sistema.

Las jornadas pusieron el foco en que la incapacidad temporal es, ante todo, una cuestión de salud que exige proteger y garantizar la recuperación de los trabajadores, advirtiendo de que también constituye un grave problema económico y organizativo para las empresas y para las cuentas públicas, lo que convierte esta situación en una prioridad de primer orden que requiere soluciones urgentes.

En su intervención, José Cristóbal García expuso la dimensión insostenible del fenómeno en Canarias, donde el absentismo por incapacidad temporal alcanzó el 7,9% en el cuarto trimestre de 2025, el porcentaje más elevado del país. Según los datos presentados, los costes asociados a la ITCC rondan los 3.000 millones de euros anuales en Canarias y afectan diariamente a entre 62.500 y 70.000 trabajadores.

Asimismo, señaló que el impacto organizativo y sobre la productividad es mayor en Canarias que en cualquier otro territorio de España, debido a las características de su tejido productivo, compuesto mayoritariamente por micropymes y autónomos, y por el peso predominante de sectores intensivos en mano de obra como el turismo, la hostelería y el comercio.

Asimismo, la CCE denunció diversas ineficiencias del sistema, derivadas de un modelo que responde a un principio erróneo: “quien paga no controla y quien controla no paga”. Entre ellas, destacó la escasa aceptación de las propuestas de alta formuladas por las mutuas, la insuficiente coordinación entre los distintos organismos implicados y la limitada capacidad de actuación de la inspección médica por falta de recursos, que cuenta con apenas 20 inspectores. También alertó sobre el incremento de las bajas relacionadas con la salud mental, especialmente entre los menores de 35 años, considerando que se trata de un problema de salud pública que exige reforzar la atención psicológica y psiquiátrica, así como la prevención en edades tempranas.

Entre las principales propuestas defendidas por la CCE destacan la creación de un órgano permanente de participación institucional sobre absentismo en Canarias donde participen todas partes implicadas, la mejora de la coordinación entre el Servicio Canario de la Salud, el INSS y las mutuas, el fortalecimiento de la atención primaria y de la inspección médica, la ampliación de las competencias asistenciales de las mutuas y el refuerzo de los recursos destinados a la salud mental. También se planteó reconducir y redefinir determinados complementos de incapacidad temporal recogidos en la negociación colectiva y establecer mecanismos que permitan reducir la emisión retroactiva de bajas laborales.

Concluyó diciendo que el absentismo por incapacidad temporal constituye un desafío sanitario, social y económico de enorme magnitud que exige una actuación inmediata, coordinada y basada en el diálogo entre administraciones, Seguridad Social, Servicio Canario de la Salud, organizaciones empresariales y sindicales y mutuas con el objetivo de mejorar la salud de los trabajadores, garantizar la sostenibilidad del sistema y reforzar la competitividad de las empresas.