La Comisión de Asuntos Laborales de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), reunida el 14 de octubre de 2025, bajo la presidencia de Patricia Jiménez Marcelo, Presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales de la Confederación Canaria de Empresarios, y con la participación de José Cristóbal García, vicepresidente ejecutivo de la CCE, analizó varios temas de actualidad, entre ellos el borrador del Real Decreto sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026, el desarrollo normativo del registro de jornada y el anuncio de subida de cotizaciones a autónomos.

La CCE expresó su preocupación por la acumulación de medidas recientes, adoptadas al margen del diálogo social, lo que genera inseguridad jurídica y dificulta la gestión empresarial.

En este sentido, se reclama que este tipo de medidas anunciadas en la última semana se aborden en el marco del diálogo social, con participación activa de las organizaciones empresariales más representativas, y que se garantice un proceso de consulta con tiempo suficiente para realizar aportaciones sustantivas.

Respecto al SMI, aunque no se ha fijado aún una cuantía, el Gobierno propone modificar las reglas de compensación y absorción salarial, impidiendo que los complementos puedan ser compensados o absorbidos. Esta medida, que incorpora planteamientos sindicales, podría tener graves efectos sobre la actividad económica y el empleo.

El SMI es la garantía salarial mínima y ha aumentado un 67,30% entre 2017 y 2025. Sin embargo, equipararlo al salario base y sumar todos los complementos sin posibilidad de compensación desnaturaliza su función como referencia homogénea en todos los sectores.

Además, esta propuesta representa un ataque directo al papel de los convenios colectivos, que son los instrumentos legítimos para definir la estructura salarial y fijar los salarios. Pretender equiparar el SMI al salario base de convenio, para posteriormente incorporar los complementos salariales, supone una distorsión del marco normativo vigente y contraviene tanto la regulación como la jurisprudencia consolidada en esta materia. También limita la capacidad del empresario para aplicar compensación y absorción cuando remunera por encima de lo establecido, restringiendo derechos reconocidos.

El uso del Real Decreto para introducir estos cambios, en lugar de una Ley, vulnera el principio de jerarquía normativa, al incidir en los artículos 26.5 y 27 del Estatuto de los Trabajadores.

En definitiva, esta reforma tendría un efecto multiplicador e inflacionario sobre los convenios colectivos, debilitaría la negociación colectiva y convertiría al Gobierno en el principal agente para fijar salarios, algo que las organizaciones empresariales no pueden aceptar.

Asimismo, la CCE expresó su preocupación por el contenido del borrador de Real Decreto sobre el registro de jornada, que impone obligaciones técnicas y operativas potencialmente desproporcionadas, especialmente para pymes. Estas exigencias incrementan las cargas internas y pueden generar conflictos laborales.

La obligación de registrar con precisión hora, minuto y pausas, junto con la prohibición de modificar registros sin autorización bilateral, introduce inseguridad jurídica, especialmente en entornos laborales flexibles o remotos. Además, el escaso plazo de 20 días para implementar sistemas digitales de registro supone un reto considerable, con costes imprevistos y dificultades operativas para muchas empresas.

También la CCE, mostró su preocupación sobre la propuesta del Gobierno del Estado que propone subir las cotizaciones de autónomos entre 2026 y 2028, que considera desproporcionada y perjudicial. Los incrementos afectarían a todos los tramos de ingresos, desde los que ganan menos de 3.000 euros hasta los que superan los 38.000, con aumentos que van desde 200 hasta 2.500 euros anuales. Además, se plantea un cambio en el cese de actividad que no mejora la protección real,

La CCE apoya a ATA, que rechaza esta propuesta por considerarla un castigo fiscal que pone en riesgo miles de negocios y empleos.

En la Comisión de Asuntos laborales, también se abordó la propuesta de ampliar el permiso laboral por fallecimiento de un familiar hasta 10 días y la creación de un nuevo permiso para cuidados paliativos, en la que se argumentó la falta de análisis económico previo, el posible impacto en la productividad y organización interna de las empresas y el riesgo de absentismo si no se regula adecuadamente.

Finalmente, respecto a la convocatoria de huelga general convocada por los sindicatos para el próximo 15 de octubre, la CCE manteniendo la neutralidad institucional respecto al contenido político de la convocatoria, recomienda que las empresas permanezcan abiertas para permitir el acceso a quienes no deseen secundar la huelga, respetando su derecho constitucional al trabajo.