En la mañana de hoy, miércoles 25 de junio, el Presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega Rodríguez, y José Cristóbal García, Vicepresidente Ejecutivo, presentaron el INFORME ANUAL DE LA ECONOMÍA CANARIA 2024.

Se trata de un informe de análisis del panorama económico y social que se ha ido consolidando como un documento de referencia para la consulta de la evolución de indicadores como el PIB, la inflación, la recaudación de tributos o el mercado laboral de las Islas. Entre sus páginas se ponen de relieve los datos más relevantes y las principales claves que marcaron el comportamiento de la economía a escala global, nacional y, sobre todo, en Canarias, durante el pasado año 2024, y recopila los principales riesgos y retos que debe enfrentar nuestra economía en el corto y medio plazo.

En su presentación, José Cristóbal García destacó que la actividad económica, tanto en Canarias como en el conjunto nacional, aunque encuadrada en una fase de desaceleración cada vez más acentuada, continuó arrojando datos positivos y creando empleo durante 2024. Los datos más recientes ponen de manifiesto que Canarias está logrando sortear mejor los riesgos externos que en otros territorios y mostrando una mayor resistencia gracias, en gran parte, al elevado dinamismo que ha observado el turismo en los últimos años y el buen pulso de los servicios, y su efecto de arrastre sobre el conjunto de la economía y del empleo.

En este sentido, José Cristóbal García incidió en que debemos tener presente que el turismo aporta más del 36% al PIB regional, casi el 40% del empleo y más del 39,0% a los ingresos públicos, por lo que su salud es vital para Canarias, dado el efecto tractor que ostenta sobre el resto de los sectores productivos y que le configuran como el principal motor de generación de riqueza, empleo y prosperidad en nuestro territorio.

Por ello, se debe insistir en no responsabilizar al sector de los numerosos problemas que sufre la sociedad canaria, máxime cuando la mayoría de ellos derivan de una falta de planificación por parte de la Administración Pública en materias clave como la movilidad, la dotación y la inversión en infraestructuras públicas o la emergencia habitacional que afecta a los residentes en general, así como a los trabajadores y a las empresas.

En cualquier caso, pese a la resiliencia que está mostrando nuestra economía y nuestro empleo, Canarias debe hacer frente a numerosos retos que continúan amenazando el crecimiento en el corto y medio plazo, que, de no resolverse, podrían comprometer el potencial de crecimiento de la economía canaria y la española. En este sentido, José Cristóbal García destacó que, en un entorno previsto de menor crecimiento, nuestro sistema productivo está encontrando cada vez mayores rigideces y agudizando deficiencias estructurales, entre los que destacan los siguientes elementos:

A pesar del crecimiento que ha experimentado el PIB y el empleo, España y Canarias siguen acusando bajos índices de productividad que nos sitúan a la cola de la media europea.

El absentismo laboral continúa disparado, situándose en valores inasumibles desde 2021, especialmente en procedimientos de Incapacidad Temporal, lo que supone una barrera que impide a nuestras empresas avanzar en términos de productividad y competitividad.

La solución implica la atención de todos los agentes implicados, empresas y la Administración, siendo necesario mejorar la coordinación entre el sistema público de salud y las entidades gestoras y colaboradoras, aumentar los recursos médicos y de inspección, reforzar el papel de colaboración que pueden brindar las Mutuas de Accidentes, y realizar campañas de sensibilización y formación para dar a conocer el coste laboral, económico, social y sanitario que lleva aparejada una situación de IT.

Canarias sigue conviviendo con la persistencia de dos fenómenos contrapuestos que siguen sin resolverse. Pese a mantener una tasa de paro superior a la media nacional, nuestras empresas continúan sin cubrir sus vacantes laborales. Entre 2019 y 2025, el número de vacantes laborales se ha incrementado un 67,2%, lo que revela un desajuste entre las necesidades de mano de obra de las empresas, que demandan ciertos conocimientos y cualificaciones, y los niveles formativos y de capacitación que presentan los desempleados. Por ello, resulta esencial impulsar la participación de las empresas, sobre todo de las PYMES, en el sistema de Formación Profesional Dual, además de ajustar con mayor precisión los perfiles demandados por las empresas y las cualificaciones de los potenciales trabajadores.

El Gobierno nacional no reconoce el papel que desempeña el Diálogo Social y la negociación colectiva. Desde 2017, el Ejecutivo nacional ha elevado el salario mínimo interprofesional un 67,3%. Ello sin el necesario consenso con los agentes sociales, y sin evaluar el impacto real sobre la estructura productiva y del empleo en los diferentes territorios ni en los diferentes sectores económicos. Además, el Gobierno pretende aprobar una reducción de la jornada laboral también sin el consenso empresarial y que ya en su memoria de impacto normativo admite un incremento de los costes cercano al 7% para las empresas debido a esta medida.

Seguimos inmersos en un periodo de un elevado “estrés normativo” caracterizado por la acumulación de leyes, los constantes cambios regulatorios, el exceso de las cargas burocráticas; justamente al contrario de lo que recomienda la acción legislativa en el ámbito laboral que, aunque debe ser cambiante, también debe abordarse con la debida prudencia y sin prisas, dentro de un marco legal que otorgue estabilidad, seguridad jurídica y certeza, en el que prime el crecimiento, la creación y el mantenimiento del empleo.

El REF debe servir para canalizar de modo óptimo los recursos disponibles hacia la inversión productiva. Nuestro REF se puede beneficiar incorporando mejoras como la propuesta de Reserva de Capitalización de Canarias, o con exenciones al coste que asumen las empresas con la Seguridad Social que beneficiarían el empleo, pero estas novedades deben complementar y no cuestionar a las que ya contempla nuestro acervo fiscal y que han demostrado ser eficaces para mejorar la inversión en las Islas

La colaboración público-privada es una herramienta eficaz para agilizar las soluciones a problemas estructurales que padece nuestra economía. Retos como la ampliación del parque público de vivienda, la gestión pública en sectores clave como sanidad, infraestructuras, educación y la prestación de servicios sociosanitarios o gestión de la dependencia, cuentan con un amplio margen de mejora, y debemos seguir profundizando en fórmulas eficaces de colaboración con el sector privado al objeto de consolidar un verdadero modelo de co-gobernanza del que resulte beneficiada la sociedad en su conjunto.

Canarias debe afrontar el reto del envejecimiento poblacional y adecuar políticas eficaces de atención sociosanitaria apoyándose en el sector privado. La ratio de plazas residenciales por cada 100 mayores de 80 años en Canarias es del 6,18%, la mitad que la media nacional (12,75%). Además, en gestión de la Dependencia, Canarias sigue siendo la Comunidad con los periodos de reconocimiento más largos de este país. Canarias reconoce el derecho a prestación solo al 60,55% de las solicitudes presentadas, uno de los datos más bajos del país.

Debemos poner especial énfasis en la promoción de proyectos empresariales basados en el conocimiento, la innovación y en la creación de empresas de base tecnológica, y en este aspecto, resulta crucial la cooperación abierta entre el sistema educativo universitario, sus centros de investigación y el tejido empresarial.

Finalmente, el Vicepresidente Ejecutivo quiso incidir en la grave problemática que está sufriendo Canarias por una mala planificación de la inversión pública que no solo condiciona a la competitividad de nuestra economía, sino que también afecta a los cimientos sociales de nuestra región y cuya falta de solución genera tensiones sociales.

Canarias cuenta con Infraestructuras energéticas obsoletas que aumentan el riesgo de apagones y las probabilidades de sufrir CERO ENERGÉTICO

En infraestructura educativa el número de plazas ofertadas en zonas de alto desarrollo demográfico se ve limitado por la falta de centros.

En movilidad, Canarias experimenta, de manera continuada, colapsos en las principales vías de comunicación terrestre.

En materia de vivienda, en Canarias acumulamos casi diez años sin iniciar obras de vivienda pública. Estamos en una situación de emergencia habitacional debido a la escasez de vivienda que a su vez se ve empeorada por la presión que ejerce el aumento poblacional.

En el sector sociosanitario, la tasa de cobertura de plazas resulta insuficiente y se sitúa muy por debajo de la media nacional, a la cola del país.

A través del siguiente enlace puedes acceder a sus contenidos: www.ccelpa.org