Durante la mañana de hoy, martes 25 de junio, Pedro Ortega Rodríguez, Presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, y José Cristóbal García, Vicepresidente Ejecutivo, presentaron el INFORME ANUAL DE LA ECONOMÍA CANARIA 2023.

Este informe pone de relieve los datos más relevantes y las principales claves que marcaron el comportamiento de la economía a nivel global, así como en el ámbito nacional y, sobre todo, en lo que se refiere a Canarias, durante el pasado año 2023, y recopila los principales riesgos y retos que debe enfrentar nuestra economía en el corto y medio plazo.

José Cristóbal García señaló que la actividad económica, tanto en Canarias como en el conjunto del territorio nacional, describió una tendencia positiva durante 2023, aunque encuadrada en una fase de desaceleración.

En su presentación, también insistió en que debemos poner en valor el dinamismo que ha mostrado el sector turístico en el Archipiélago en el transcurso del año, una actividad que ha vuelto a mostrar su capacidad para generar actividad económica, riqueza y empleo, tanto de manera directa como por el efecto de arrastre que supone para el conjunto de la economía; y que ha sabido canalizar nuevas tendencias de innovación y sostenibilidad para terminar de consolidar la recuperación, tras el notable varapalo que supuso la pandemia en 2020.

No obstante, pese a los datos favorables, Canarias debe hacer frente a numerosos retos que continúan amenazando el crecimiento en el corto y medio plazo, que, de no resolverse, podrían comprometer el potencial de crecimiento de la economía canaria y la española, y en este sentido José Cristóbal García destacó los siguientes elementos más destacados:

• En términos de productividad, España y Canarias continúan a la cola de la media europea. Se trata de un problema de ineficiencia que debe ser solventado a la mayor brevedad, dado que redunda en un notable empeoramiento de la posición competitiva de nuestra economía de cara al exterior.
• El incremento del absentismo laboral se ha disparado en las Islas, y el porcentaje de jornadas perdidas se ha situado en el 8,1%, el más alto del país, en el caso de los procesos gestionados por el INSS. Además, al cierre del pasado 2023, el número de procedimientos de Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes había crecido un 73,5% con respecto a 2021, muy por encima de la media nacional (+50,1%). Por tanto, es importante que se refuercen los recursos de la inspección médica, además de impulsar el papel clave que pueden desempeñar las mutuas en el seguimiento y control de la asistencia sanitaria a los trabajadores con contingencias de origen traumatológico, entre otras medidas.
• El problema de las vacantes en nuestro país continúa generando dificultades a las empresas a la hora de encontrar mano de obra que se ajuste a sus necesidades, a pesar del crecimiento del empleo, por lo que resulta esencial apostar por la formación y la capacitación de las personas, e impulsar la participación de las empresas, especialmente de las PYMES, en el sistema de Formación Profesional Dual.
• En el ámbito de la negociación colectiva, la estructura salarial sigue siendo altamente rígida y adolece de una obsolescencia que va en contra de unas revisiones salariales eficientes y acompasadas a la realidad de nuestra economía. La mayor parte de los complementos salariales negociados en los convenios tienen un carácter fijo, mientras que, al contrario, otros complementos relacionados con la productividad tienen una presencia mucho más reducida, cuando esta debería ser un criterio básico a la hora de determinar los incrementos salariales de los trabajadores.
• La excesiva carga normativa y la menor calidad técnica de las normas menoscaba la competitividad de las empresas y supone un incremento considerable de sus costes, lo que resulta especialmente perjudicial en el caso de las PYMES y los autónomos: en Canarias, entre 2019 y 2023 se han generado más de 1.600 textos normativos solo en el ámbito autonómico. Las empresas requieren regulaciones claras, simples, estables y de consenso para asumir el riesgo de invertir, sin embargo, la amplitud y complejidad de la regulación tiene repercusiones negativas para el tejido productivo y la sociedad.
• Las Islas deben consolidar una economía basada en proyectos y en la colaboración público-privada como vía para la creación de empleo. La colaboración público-privada debe entenderse como una herramienta de buena administración al servicio del interés general, y debe quedar al margen de sesgos ideológicos.
• La Administración Pública debe generar confianza suficiente para atraer inversión, además de promover la simplificación de trámites burocráticos, licencias y permisos, y generar las condiciones adecuadas que dibujen un marco legal flexible que incentive y transmita confianza y seguridad jurídica. Asimismo, debe adaptarse al ritmo que imponen las empresas, los autónomos y la sociedad en su conjunto para generar confianza y servir de palanca para la recuperación económica en un contexto marcado por la elevada incertidumbre.
• El sistema tributario debe modernizarse y adaptarse a la realidad de nuestra economía, incentivando la actividad y el empleo, y evitando añadir cargas adicionales al tejido productivo. Debemos ser capaces de diseñar políticas fiscales que contribuyan a mantener una economía dinámica, competitiva, resiliente y generadora de empleo, y en este sentido, es necesario contar con un sistema fiscal moderno y competitivo, capaz de generar un efecto multiplicador sobre la recaudación derivado del incremento de la renta disponible o de las bases de gravamen, y no tanto de la subida de tipos impositivos o creación de nuevas figuras fiscales.
• La innovación, la economía creativa y del conocimiento, la digitalización y la sostenibilidad adquieren un papel fundamental por su efecto multiplicador y su carácter transversal.

• Los fondos europeos deben servir para apuntalar cambios estructurales en nuestra economía que nos permitan mejorar los niveles de productividad. La gestión de estos fondos europeos continúa siendo, a día de hoy, un reto para nuestra Administración, porque debe responder de manera ágil y eficiente para cumplir, no solo con los compromisos de ejecución adquiridos con la Unión Europea, sino para fijar los pilares sobre los que debe sustentarse el futuro de nuestro modelo productivo, y también de nuestra sociedad.