• Los plazos actuales impiden acometer con garantías y con el rigor técnico necesario los proyectos de descarbonización y relacionados con energías renovables y el autoconsumo en las Islas, debido a la existencia de numerosos problemas que son externos a las empresas que vienen ejecutando estos proyectos, derivados de la fragmentación y el carácter insular de nuestro territorio, la complejidad administrativa y las limitaciones logísticas propias de una región ultraperiférica.

• La CCE apoya los esfuerzos que está realizando Mariano Hernández Zapata, Consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias y respaldamos la propuesta de modificación que ha remitido al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico con la que se lograría dar solución a esta cuestión.

• Esta solución debe hacerse extensible también al resto de proyectos y subvenciones financiados con cargo a fondos europeos que también se ven amenazados por un horizonte temporal muy reducido, como es el caso de los fondos y proyectos destinados a mejorar la eficiencia energética en materia de vivienda, que vienen ejecutándose al amparo del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Real Decreto 451/2022, de 14 de junio, por el que se regula la concesión directa de ayudas destinadas a la financiación de estrategias de energía sostenible para las Illes Balears y Canarias, en el marco del PRTR, y que regula los programas de la Estrategia de Energía Sostenible en las Islas Canarias, gestionados por la Comunidad Autónoma de Canarias, mantiene como horizonte de ejecución el 30 de junio de 2026.

Se trata de un plazo insuficiente que impedirá la finalización de proyectos energéticos vinculados a la descarbonización, las energías renovables y el autoconsumo en las Islas, y esto podría tener consecuencias graves no solo para el tejido empresarial del Archipiélago que, de no ampliarse los plazos, podrían enfrentarse a serias dificultades económicas, sino para el conjunto de Canarias que no alcanzaría los hitos en materia de energía sostenible que se había fijado y considerados estratégicos para el desarrollo de nuestra región.

Entendemos que se trata de una cuestión administrativa y también subsanable, máxime cuando, en el mes de diciembre de 2025, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico sí amplió la vigencia hasta 2028 de diversos programas gestionados directamente por el IDAE mediante la Orden TED/1444/2025, de 11 de diciembre, por la que se modifican las bases reguladoras de varios programas de ayudas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.

A juicio de la CCE, esta diferencia de trato genera una clara asimetría y un agravio comparativo para Canarias ya que, la Orden TED/1444/2025 dispone un mayor margen temporal para proyectos gestionados por el IDAE en el conjunto del territorio nacional, mientras que en Canarias, aquellas empresas que deben sortear diferentes obstáculos que impiden el desarrollo de este tipo de proyectos en las Islas en los mismos tiempos que en otros territorios, como la insularidad, la fragmentación territorial, la complejidad administrativa y las limitaciones logísticas propias de una región ultraperiférica, deben ejecutar sus proyectos en plazos más reducidos y en muchos casos, imposibles de cumplir.

Canarias necesita más tiempo para culminar proyectos muy ambiciosos que mejorarán nuestra calidad de vida, reducirán nuestra dependencia energética y ayudarán a lograr una economía más resiliente. Se trata de proyectos de gran envergadura que requieren tiempos de ejecución realistas para poder desarrollarse con rigor y garantizar su solvencia técnica.

Por este motivo, la CCE se suma a la demanda que están realizando las empresas canarias y organizaciones como ASINCA, FEMEPA, AECP y FEHT, además del Gobierno de Canarias y el resto de administraciones locales, que reclaman ampliar los plazos de ejecución de estos fondos europeos hasta el año 2028.

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, ya ha remitido una propuesta al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para modificar el RD 451/2022 que resolvería estos problemas y garantizaría la buena ejecución de los proyectos puestos en marcha y el correcto despliegue de las energías renovables en las Islas.

Compartimos la propuesta de la Consejería y solicitamos al Ministerio que articule las medidas necesarias para lograr, de facto, una ampliación de los plazos de ejecución previstos y que, además, esta propuesta, pueda hacerse extensible al resto de departamentos que también vienen ejecutando fondos europeos y se ven amenazados por un horizonte temporal muy reducido, como es el caso de los fondos y proyectos destinados a mejorar la eficiencia energética en materia de vivienda y de los acogidos en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

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