En apenas unos meses, el mundo y nuestra concepción de muchas de las realidades que dábamos por sentadas han cambiado radicalmente desde que el pasado 11 de marzo el COVID-19 fue declarado pandemia mundial.

La magnitud y la rapidez con la que se ha propagado la enfermedad por el planeta y que ha supuesto la paralización de la mayor parte de la actividad productiva a escala mundial, no tiene precedentes en nuestra historia moderna, y tendrá irremediablemente graves consecuencias sobre nuestra economía y el empleo que todavía resultan muy difícilmente cuantificables.

Ello hace necesario, quizá más que nunca, que todos los actores implicados, Administración, sector privado y sociedad civil, trabajemos de manera ágil, eficiente y coordinada sobre la base de un objetivo común, que no debe ser otro sino el de superar esta terrible crisis sanitaria a la que seguimos haciendo frente y, al mismo tiempo, tratar de amortiguar sus efectos sobre la actividad productiva y el empleo, para que no deriven en una profunda crisis económica y social de devastadoras consecuencias para nuestra sociedad en su conjunto.

La economía y el comercio mundial, las cadenas de valor e incluso la forma en la que nos relacionamos con nuestro entorno se encuentran actualmente en plena revisión. Resulta indudable que esta crisis ha dejado al descubierto algunas de las vulnerabilidades que aquejan a nuestro sistema económico y social, como es la necesidad de acelerar y adaptar en mayor medida nuestros modelos de trabajo y de gestión a entornos digitales y que sean más sostenibles, especialmente en el ámbito de la PYME.

El cambio de los paradigmas asociados a estos dos conceptos se han intensificado en los últimos meses, por lo que debiera propiciarse un marco adecuado y de apoyo para que las empresas puedan readaptar sus procesos hacia modelos que promuevan la eficiencia y la sostenibilidad, lo que redundará en significativas mejoras de la productividad y que traerá aparejado, además, nuevas oportunidades de nego­cio de la mano, entre otras, de un uso más racional de los recursos o mejoras en términos de posicionamiento e imagen corporativa a través de la responsabilidad social.

Como fórmula inaplazable para la recuperación, surge la necesidad de contar con un tejido productivo que resulte más competitivo y resiliente ante eventuales shocks externos, preparado para el nuevo escenario que está surgiendo a raíz de la pandemia y los obligatorios cambios de interacción social que estamos viviendo.

Es el momento idóneo, por tanto, para apoyar la inversión empresarial ligada a fenómenos que ya eran realmente necesarios mucho antes incluso a la irrupción de la pandemia, como son la transición energética, la lucha contra el cambio climático o la transformación digital. Debemos aprovechar la necesidad de estimular la economía para promover inversiones que son necesarias y rentables, pero, al mismo tiempo, evitando medidas que pudieran disuadirlas, como incrementar la ya elevada presión fiscal que soportan nuestros hogares y empresas.

Por otro lado, si algo ha dejado también patente la crisis derivada del COVID-19 ha sido el mejor aguante y capacidad de respuesta de aquellas empresas más digitalizadas, dentro de un escenario completamente disruptivo y que está demandando el fortalecimiento e impulso de un tejido productivo que cuente con un capital humano más especializado y adaptado a la nueva realidad económica y social.

No cabe duda que nos encontramos en un momento histórico, en el que será necesario pensar ya no solo en el corto, sino sobre todo en el medio y el largo plazo, siendo imperativo seguir avanzando en el establecimiento de programas y actuaciones que permitan a nuestras PYMES poder desarrollar sus procesos con una mayor eficiencia y un carácter más sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental, alineadas con las metas propuestas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y las recomendaciones de la Comisión Europea.

Con este objetivo, resultará básico aumentar la formación y los niveles de capacitación de los trabajadores tanto para el devenir diario de sus puestos de trabajo, como de cara a los nuevos perfiles profesionales que afloren dentro del imparable proceso de transición, además del deber de los poderes públicos de facilitar un mejor aprovechamiento de las nuevas tecnologías de vanguardia, con la digitalización y la sostenibilidad como motores clave de crecimiento y desarrollo a futuro.

Es en este escenario en el que la CCE, como organización empresarial más representativa y siendo conscientes de nuestra obligación de liderar desde el punto de vista empresarial el cumplimiento de la Agenda 2030 en nuestro territorio, ha diseñado un plan de acción que contempla actuaciones de sensibilización, además de la puesta a disposición de nuestras pymes de herramientas que les permitan poder integrar el concepto de sostenibilidad en sus estrategias de negocio.

Un plan de actuación que desde la CCE consideramos ha adquirido una mayor importancia, si cabe, en el complejo e incierto escenario actual de pandemia, y sobre el que seguiremos informando en las próximas semanas, entendiendo a los ODS como una oportunidad para implementar en el seno de las organizaciones canarias iniciativas destinadas a reducir y eliminar los impactos negativos y potenciar aquellos que sean positivos, lo que les ofrecerá como contrapartida importantes retornos en términos de eficiencia, reducción de costes o atracción y fidelización de clientes, entre otros.

Todo ello a objeto de propiciar un ecosistema que facilite la modernización de nuestro sistema productivo, basado en una mayor potenciación de la innovación, la digitalización y la sostenibilidad en el entorno empresarial, y que coadyuve a superar con mayores garantías de éxito los efectos de esta terrible crisis sanitaria, económica y social, bajo la consigna de no dejar a nadie atrás, contribuyendo a generar mejores oportunidades y bienestar social para todos.