• Las administraciones competentes diseñarán, conjuntamente con las organizaciones empresariales y sindicales, planes estratégicos anuales para promover y fomentar la acreditación de competencias profesionales entre su población activa, poniendo en marcha iniciativas y proyectos que garanticen la máxima difusión del procedimiento.

• Se ponen en valor la dimensión de los Procedimientos para la Evaluación y Acreditación de las Competencias Profesionales en un marco de colaboración público-privada entre administraciones y organizaciones empresariales para la mejora de la productividad de las empresas y la empleabilidad de los trabajadores.

En la mañana de hoy, 4 de enero, el vicepresidente ejecutivo de la CCE, José Cristóbal García, recibió la visita del Director General de Cualificaciones Profesionales del Gobierno de Canarias, Alfredo Espinosa, en una reunión que tuvo como punto del orden del día principal, el impulso de la colaboración entre el Gobierno de Canarias y la CCE en el Procedimiento para la Evaluación y Acreditación de las Competencias Profesionales.

En la reunión se abordaron los términos y condiciones en que ambas partes van a participar en el desarrollo del procedimiento de evaluación y acreditación de experiencia profesional, para la mejora de la calidad y la eficiencia del mercado laboral de Canarias.

En este sentido, se abrió un debate sobre la necesidad de implantar las medidas que resulten necesarias para, entre otros aspectos, impulsar dichos procedimientos, con mejoras que favorezcan su continuidad, agilidad y eficiencia para garantizar la calidad y las oportunidades de cualificación, en igualdad de condiciones, para todas las personas trabajadoras.

Se dejó constancia de la importancia de proporcionar un servicio de información y orientación a empresas y a las personas que lo requieran, sobre la naturaleza y las fases del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias, el acceso al mismo, las acreditaciones oficiales que pueden obtener y sus efectos, y facilitar la inscripción de las mismas.

Se llegó a la conclusión que este procedimiento, se convierte en una inversión productiva que beneficia a todas las partes, toda vez que posibilita a las personas la acreditación de las competencias profesionales que han adquirido a través de la experiencia laboral o por vías no formales de formación, facilitándoles así que puedan mejorar su nivel de cualificación y continuar con su formación, lo que contribuye a mejorar la capacitación profesional y empleabilidad de las personas, así como la competitividad de las empresas.

En dicho encuentro también se puso en valor la dimensión de los Procedimientos para la Evaluación y Acreditación de las Competencias Profesionales y de sus vínculos con el sistema productivo en un marco de colaboración público-privada entre administraciones y organizaciones empresariales para el alineamiento de los objetivos y proyectos estratégicos comunes, y el uso eficaz de los recursos en entornos formativos y profesionales.

La reunión concluyó destacando la necesidad de operar con arreglo a un modelo de gobernanza que, respetando las competencias de las administraciones concernidas, incorpore el papel de las organizaciones empresariales y su participación y cooperación con los poderes públicos en las políticas del Sistema de Formación Profesional