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El empleo cae en Canarias durante el primer trimestre del año, aunque las cifras no recogen el impacto real del Covid-19
- Los resultados de la EPA del IT solo incorporan el efecto de la declaración del estado de alarma de las dos últimas semanas de marzo.
- La ocupación se redujo en las Islas en 10.100 empleos en el periodo analizado, mientras que en los últimos doce meses aumentó en 37.700 trabajadores.
- La tasa de paro se situó en el 18,79%, prácticamente la misma que en el trimestre previo.
Los datos de la EPA publicadas en el día de hoy estiman una caída del empleo de 10.100 trabajadores en Canarias durante el primer trimestre de 2020, lo que supone un descenso trimestral del 1,07 por ciento.
El descenso
del empleo se sucede en un contexto en el que también desciende la población
activa, que se ha visto aminorada en 12.200 personas.
Como
consecuencia, la población parada en las Islas se habría visto reducida en
2.100 desempleados, lo que implica un descenso relativo del 0,97 por ciento, y
la tasa de paro se ha situado en el 18,79%, muy similar a la estimada durante el trimestre
anterior.
En el conjunto del país, el empleo también se redujo en el periodo de referencia, y lo hizo con una intensidad superior, al anotar una contracción del 1,43%, lo que supuso 285.600 ocupados menos.
En lo que se refiere a la naturaleza de la situación profesional de la población ocupada, se aprecia que el descenso del empleo en Canarias durante el primer trimestre se produjo, casi en su totalidad, en el sector privado, con 21.300 trabajadores menos que en el periodo inmediatamente anterior, frente a la disminución de 700 empleos registrada pos el sector público; en un escenario en el que, por el contrario, los trabajadores por cuenta propia aumentaron en 11.900 personas.
Por su
parte, la población parada en el Archipiélago contabilizó un total de 215.300 desempleados,
lo que implica una reducción de 2.100 personas (-0,97%), en relación con el
trimestre anterior. En cuanto a la tasa de paro, esta se situó en el 18,79%,
0,01 puntos por encima de la estimada durante el trimestre anterior, debido a
que los activos cayeron (-12.200 personas; -1,05%) con mayor intensidad que los
parados.
Estos datos
deben tomarse con cautela, habida cuenta de que la EPA sigue considerando a los
trabajadores afectados por ERTEs dentro de la población ocupada, por lo que no
se refleja de forma precisa el efecto real de la pandemia sobre el empleo de la
segunda quincena del mes de marzo.
Otra de las
cuestiones metodológicas que afectan a la interpretación de los resultados
publicados hoy por el INE es el hecho de que puede haber desempleados que hayan
pasado a engrosar parte de la población inactiva, debido a la aplicación de los
criterios de clasificación que emplea el INE.
Para que el
INE califique a un trabajador como desempleado éste debe, además de no tener
empleo, haber estado en búsqueda activa de empleo y tener disponibilidad de
trabajar.
A raíz de la
declaración del estado de alarma, y según contempla el propio INE, muchos
trabajadores que hayan perdido su empleo no pueden utilizar ningún método de
búsqueda por estar cerradas las empresas que podrían contratarles o
imposibilitados de ejercer su actividad como autónomos o que no puedan
incorporarse a un hipotético trabajo por tener que permanecer en casa cuidando
de las personas dependientes de la familia (niños, ancianos, personas con
discapacidad, etc.).
A
este respecto, las personas en situación de desempleo que no cumplen con la
definición de parado del INE pasarían a contar como población inactiva, y en el
caso de Canarias, los inactivos se incrementaron en 19.700 personas durante el
primer trimestre del año.
Retomando
los datos de la EPA publicados en el día de hoy, y si comparamos los datos con
los estimados hace un año, el empleo ascendió en Canarias en 37.700
trabajadores (+4,22%).
El conjunto nacional también mostró un resultado positivo en términos
interanuales, con un repunte del empleo de 210.200 ocupados (+1,08%), con
respecto a los estimados en idéntico trimestre del ejercicio precedente.
Desde
este mismo enfoque, el número de parados en Canarias disminuyó en 22.400 personas,
lo que, en términos relativos, equivale a un decrecimiento del 9,42 por ciento.
Por otro lado, resulta de interés reseñar el comportamiento diferenciado que apreció el mercado laboral canario en términos provinciales, dado que en Las Palmas se observó un ascenso interanual de 44.700 empleos (+10,06%), mientras que en Santa Cruz de Tenerife se evidenció una caída de 6.900 ocupados (-1,54%). La población parada se contrajo en 29.800 personas (-22,41%) en las islas orientales; al contrario que en la provincia más occidental, donde el desempleo creció en 7.400 parados (+7,07%).
Sectores
Si estudiamos la evolución de los
datos de empleo por sectores de actividad en
términos trimestrales, se observa que el retroceso del empleo se localizó,
sobre todo, en los servicios, con 7.400 ocupados menos que en el cuarto
trimestre de 2019 (-0,90%), especialmente, en las “Actividades artísticas,
recreativas y de entretenimiento” (-7.800 trabajadores) y en las “Actividades
profesionales, administrativas y servicios auxiliares” (-3.800 ocupados).
En el mismo sentido, el sector agrario apuntó 3.000 empleos menos (-10,60%), al tiempo que la construcción anotó un descenso de 100 trabajadores (-0,20%), con respecto al trimestre anterior. En cambio, en sector industrial experimentó un alza trimestral de 400 ocupados (+1,07%).
En
términos interanuales,
las estimaciones de la EPA indican que el empleo creció de forma destacada en
los servicios, donde se habrían registrado 38.500 ocupados más (+4,94%); y en
menor medida, en la construcción y la agricultura, con 1.300 (+2,71%) y 900
(+3,69%) trabajadores adicionales, respectivamente.
Por el contrario, en la industria se apuntó
una minoración interanual de 2.900 ocupados (-7,11%).
Conclusiones del Informe de Coyuntura Socioeconómica, Marzo de 2020
* Puede acceder al texto íntegro del Informe a través del siguiente enlace Informe marzo 2020
La economía internacional se enfrenta a un
desafío común para la mayor parte de los países, sobre todo los más afectados
por el COVID-19.
Con grandes partidas de recursos dedicados a
financiar la lucha en el terreno sanitario, lo que resulta básico, en la otra
parte del tablero se encara la necesidad de medir y, sobre todo, aplicar
aquellas estrategias que sirvan de soporte vital al tejido productivo y al
empleo de los países, ya no solo para mantenerlo vivo durante la vigencia de
las medidas de confinamiento adoptadas en la mayoría de los lugares afectados,
sino para garantizar, en la medida de lo posible, una buena base que permita
una pronta recuperación de la actividad económica cuando se disipe la
emergencia sanitaria.
En esta línea, el FMI ha estimado que la economía
mundial registrará una caída del 3,0% en 2020, si bien, prevé, como escenario
más favorable, que si la pandemia logra superarse en la segunda mitad del
ejercicio y se va recuperando gradualmente el nivel de actividad, el PIB mundial
retomaría la senda positiva, observando un rebote del 5,8% en 2021.
Por su parte, la Organización Mundial del
Comercio (OMC) ha estimado que el comercio mundial se reducirá entre un 13% y
un 32% durante 2020, dependiendo de la intensidad y la duración de la crisis
sanitaria.
Por otro lado, el mercado de materias primas
permanece inmerso en un mar de incertidumbre, debido al parón de la actividad y
a la caída de los precios, especialmente en lo referente al petróleo. En este
último caso, el reciente acuerdo entre los principales productores
internacionales de crudo para reducir la producción diaria en 9,7 millones de
barriles debería situar los precios en un rango de mayor estabilidad, tras
continuar su desplome durante los primeros días de abril, en los que la
cotización del Brent llegó a situarse en valores cercanos a los 11 dólares por
unidad.
Esto debería afectar de forma positiva a los
mercados financieros, que tras haber descrito una tendencia errática, con
numerosos altibajos derivados de la alta volatilidad que ha impuesto el
panorama actual, se prevé que se estabilicen en cierta medida, debido a las
medidas de contención del coronavirus anunciadas en numerosos países, tanto de
carácter monetario como fiscal, y es que tras los instrumentos anunciados en
primera instancia por las principales autoridades monetarias, las medidas
fiscales han tomado el testigo en la mayoría de las economías, especialmente en
las avanzadas, anunciando medidas de estímulo y de liquidez con las que se
pretende contener la demanda a corto y medio plazo.
En este sentido, en Estados Unidos se
aprobó la aplicación de un paquete económico sin precedentes, que podría
situarse sobre los 2 billones de dólares, que abarcaría desde préstamos, avales
y subsidios a empresas, hasta pagos directos a los ciudadanos, entre otras
medidas para reforzar el sistema sanitario y la cobertura del seguro por
desempleo, en un contexto en el que las solicitudes en esta materia se han
situado en máximos históricos, debido a la destrucción masiva de empleo.
En el caso de China, la reacción del
Gobierno ha sido más moderada, reduciendo las cotizaciones a cargo de las
empresas y la tributación sobre el consumo, aminorando las tarifas eléctricas,
además de conceder subsidios a las empresas para fomentar al mantenimiento del
empleo.
En lo que concierne a la Zona del Euro, el
Eurogrupo finalmente alcanzó un acuerdo sobre las medidas para hacer frente a
los efectos del COVID-19 que supondrá la movilización de unos 500.000 millones
de euros.
En primer lugar, el Mecanismo Europeo de
Estabilidad (MEDE) dará acceso a 200.000 millones de euros, sin condiciones,
como solicitaban España e Italia, siempre que los fondos sean destinados a la
lucha contra la pandemia. En segundo lugar, otra partida de 200.000 millones de
euros irá a cargo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), y se dedicará a dar
apoyo a grandes empresas y pymes. Por último, se aprobó la propuesta de la
Comisión Europea sobre el Instrumento de Apoyo Temporal para Mitigar los
Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE), que supondrá una ayuda
financiera por valor de 100.000 millones de euros, en forma de préstamos a los
Estados miembros en condiciones favorables para sufragar los costes
directamente relacionados con la creación o la ampliación de los regímenes
nacionales de reducción del tiempo de trabajo (como es el caso de los ERTES), y
que quedará suspendido una vez sea superada la emergencia sanitaria.
En cambio, no se han logrado avances en el
objetivo de la mutualización de la deuda pública asumida por los Estados para
luchar contra el coronavirus a través de la emisión de bonos, y aunque sí se
indicó que se trabajará en la creación de un fondo de recuperación que refuerce
la reactivación de la economía, todavía no se conocen ni los mecanismos, ni los
instrumentos financieros que podrán ser utilizados, únicamente ha trascendido
que será temporal, específico y limitado.
Por lo que respecta a España, se está
demorando la puesta en funcionamiento de algunas de las medidas aprobadas para
hacer frente a la emergencia sanitaria, aunque recientemente se ha activado el
segundo tramo de 20.000 millones de euros de la línea de avales anunciada por
el Ejecutivo, con lo que ya se habrían puesto a disposición de las empresas,
pymes y autónomos ayudas por valor de 40.000 millones de euros.
La paralización de la actividad económica tendrá
consecuencias para nuestro país, y supondrá un shock para el crecimiento
económico, tal y como sugiere la previsión del FMI, que estima que la economía
española entrará en recesión, con una notable caída del PIB del 8,0% al cierre
del presente ejercicio, aunque podría volver a valores positivos en 2021, con
un alza del 4,3%, si las condiciones de recuperación son las más favorables.
En esta misma línea, CEOE también prevé un decrecimiento
de la economía española que podría situarse en un intervalo de entre un 5% y un
9%, en función de si el escenario resulta más favorable, con una recuperación
relativamente rápida y minimizando la intensidad de la caída de la actividad; o
si, en cambio, el contexto resulta más adverso, y finalmente se produce un
parón más profundo de la actividad económica y la reactivación resulta más
lenta.
De cualquier forma, según estima CEOE, la gran
cantidad de medidas para paliar los efectos del coronavirus podría elevar el
gasto público en más de 25.000 millones de euros, al tiempo que los ingresos
del Estado se reducirían entre un 8% y un 15%, dado el fuerte descenso de la
actividad, con lo que el déficit podría alcanzar el 7,5% del PIB y superar
incluso los 100.000 millones de euros durante este año.
En el mercado laboral, tal y como resultaba
previsible, los datos de afiliación a último día del mes de marzo ya recogen el
fuerte impacto del COVID-19, y corrigen las cifras medias publicadas a
principios de abril, situando la pérdida de empleo en 833.979 efectivos con
respecto al mes anterior (-4,3%), la mayor caída de la serie histórica; al
tiempo que el paro registrado apreció un aumento de 302.265 personas (+9,31%).
Los efectos de la pandemia están siendo más
acusados en Canarias, dada la importancia que representan actividades
como el turismo en nuestra economía, que, además, se han visto especialmente
mermadas por las restricciones que se han aplicado a la actividad productiva,
en respuesta a la emergencia sanitaria.
Sin ninguna duda, estas limitaciones decretadas
están teniendo efectos profundos sobre nuestro tejido productivo, tal como
muestra la caída del 60,7% mensual en la entrada de turistas desde el
extranjero en marzo, o la caída del 57,1% que acusó la matriculación de
vehículos.
En este sentido, el Gobierno de Canarias ha
estimado, en el peor de los escenarios, que el PIB del Archipiélago podría
experimentar una caída histórica del 23%, si el sector turístico permanece
“cerrado” hasta el mes de septiembre y comienza a iniciarse la actividad
durante octubre. Asimismo, también prevén un escenario más favorable en el que
la actividad turística arrancaría parcialmente desde el mes de julio,
atendiendo viajeros locales, aumentando gradualmente las operaciones a partir
de octubre, conforme las condiciones sanitarias se normalicen y se recupere la
conectividad aérea. Aún en este escenario, la caída prevista en PIB seguiría
siendo elevada y se situaría en torno a un 20% en 2020.
Las especiales características de Canarias como
región ultraperiférica alejada del continente que, aún en fases favorables del
ciclo económico, siempre condicionan nuestra economía, en momentos como los
actuales añaden aún más barreras a la recuperación de nuestra región, por lo
que debe reclamarse medidas diferenciadas que contemplen la situación
específica de Canarias, y tengan una especial sensibilidad con el sector
turístico en las Islas, dado que se trata de uno de los principales motores de
nuestra economía.
En términos de empleo, el Archipiélago cerró el
mes de marzo con un descenso de 53.511 afiliados a la Seguridad Social, una
caída relativa del 6,5% mensual, por encima de la media nacional cifrada en un
4,3 por ciento.
La caída del empleo se concentró, sobre todo en
la “Hostelería”, en la que se registró una fuerte pérdida cifrada en 19.117
trabajadores; así como en la actividad comercial (7.331 afiliados menos), en
“Construcción” donde se perdieron 6.773 empleos.
En cuanto a la cifra de paro, el dato de marzo
también advierte un incremento más intenso que en el conjunto del país, del
orden del 9,53%, 19.797 desempleados más que en el mes de febrero.
La fuerte caída del empleo podría incluso haber
sido más elevada, y en este sentido la figura del ERTE está desempeñando un
papel clave en la gestión de la pandemia, al dotar de cierta flexibilidad al
mercado laboral.
En este escenario, los datos más recientes de
regulación temporal de empleo en Canarias, aún de carácter provisional, indican
que hasta el pasado 10 de abril se habían presentado 26.267 solicitudes ante la
autoridad laboral (2.024 de reducción y 25.529 de suspensión) que afectan a
195.183 trabajadores, un 25,5% del total de trabajadores afiliados en las
Islas, lo que resulta muy indicativo del efecto que supone para el Archipiélago
la paralización de la actividad económica.
La mayor parte de los expedientes, un 58,1% han
sido solicitados por empresas de la “Hostelería” y del “Comercio”, las más
vinculadas a la actividad turística y al consumo; mientras que también resulta
de interés que aproximadamente un 75% de las empresas solicitantes (19.448
entidades) tienen entre 1 y 5 trabajadores, lo que ilustra la necesidad
inaplazable de que las medidas de apoyo y ayuda a las pymes se hagan efectivas
cuanto antes.
Con respecto a la recaudación tributaria, los
datos más recientes, publicados por la Administración Tributaria Canaria,
evidencian que la recaudación líquida acumulada por el Bloque de Financiación
Canario (compuesto por el IGIC, el AIEM y el Impuesto sobre la Matriculación)
en los tres primeros meses del año ha caído en 52,97 millones de euros en
comparación con el mismo periodo de 2019 (-11%), pese al incremento de medio
punto que se aplicó al tipo de gravamen general del IGIC (hasta el 7%) desde el
pasado 1 de enero.
Dado que el plazo de las liquidaciones del primer
trimestre del año se ha ampliado hasta el mes de junio, los datos de
recaudación de los próximos meses continuarán arrojando cifras negativas,
debido a que solo incluirán en concepto de IGIC, la parte correspondiente a las
empresas o profesionales que están obligados a presentar autoliquidaciones
mensuales; y porque las cifras ya comenzarán a mostrar el impacto real de la
pérdida de actividad de estos meses.
La caída de la recaudación y la contención de los
precios de consumo que acaba de publicar el INE en el que pone de manifiesto
que la inflación en Canarias registró una variación nula durante el pasado mes
de marzo, y acumula una caída del 0,6% en los tres primeros meses del año
evidencian que el consumo en el Archipiélago ya venía dando muestras de
debilidad que, con el impacto de la pandemia, no harán más que agravarse.
El impacto final que pueda suponer la
interrupción de la actividad económica y social para contrarrestar los efectos
de la emergencia sanitaria tendrá un notable impacto en la economía las Islas y
de todo el territorio nacional, lo que otorga un rol esencial a las medidas que
se apliquen por parte del Gobierno en materia fiscal, económica y laboral, que
siempre deben ir encaminadas a disipar la incertidumbre y a asegurar la
pervivencia de las empresas y el empleo.
La situación actual requiere
una intervención precisa que permita una rápida recuperación cuando se supere
la pandemia, por lo que resulta necesario implementar medidas y herramientas
que permitan un desahogo financiero a las empresas y autónomos, respetando
siempre los cauces del diálogo social.
El impacto del Covid-19 agudiza la fragilidad del consumo durante el mes de marzo con reflejo en la inflación
- El IPC anota una tasa de variación nula en las Islas durante el pasado mes de marzo.
- A escala nacional, los precios se redujeron un 0,4 por ciento.
- La inflación subyacente creció un ligero 0,4% mensual en Canarias y un 0,5% en el total nacional.
En línea con lo esperado, los datos
publicados en la mañana de hoy por el INE, ponen de manifiesto los primeros
efectos que la pandemia y las medidas de confinamiento están suponiendo sobre
el consumo en Canarias, que ha agudizado la debilidad que ya venía mostrando
durante los últimos meses.
Según el INE, el IPC en el Archipiélago ha experimentado una
variación nula durante el pasado mes de marzo, mientras que en el conjunto
del país han intensificado la trayectoria decreciente del mes anterior, con un
descenso del 0,4% en el último mes.
Diferenciando por grupos, cabe
destacar el comportamiento observado por los “Transportes” durante marzo, que
han registrado un retroceso mensual del 1,4% en Canarias y del 3,1% en el
territorio nacional, en un contexto condicionado por la evolución del grupo
especial “Carburantes y combustibles”, que se redujo en ambos territorios,
aunque con un carácter mucho más contenido en las Islas (-3,0%) que en el
conjunto nacional (-6,6%).
Podemos relacionar esta caída de
precios con el fuerte descenso que mostró el precio internacional del petróleo
durante los primeros meses de 2020, que llegó a caer un 70,9% entre los meses
de enero y marzo, y que ya se sitúa en las primeras semanas de abril en el
mínimo histórico de 18,72 $/barril, lo que responde tanto a perturbaciones de demanda por
la rápida propagación de Covid-19 y la paralización de la actividad, y shocks
de oferta debido a la guerra de precios librada entre Arabia Saudí y Rusia.
También descendieron los precios de
los bienes y servicios relacionados con la “Vivienda, agua, electricidad, gas y
otros combustibles”, con una disminución del 1,4%, por el nuevo abaratamiento
de la electricidad en el último mes (-4,6%); seguido de los grupos “Ocio y
Cultura” y “Restaurantes y Hoteles”, cuyos precios en Canarias continuaron la
tendencia descendente de meses anteriores, registrando en esta ocasión
disminuciones en precios del 0,5% y el 0,1%, respectivamente.
En el lado opuesto, destacó el
aumento de los precios del grupo “Vestido y Calzado”, que se incrementaron un
6,5%; seguido de las “Comunicaciones”, donde se constató un aumento del 1,2%
mensual, y el grupo “Bebidas alcohólicas y tabaco, que registró un nuevo repunte
del orden del 1,0%, como consecuencia del encarecimiento que continúa
protagonizando el tabaco en las Islas.
El resto de los grupos que conforman el Índice General de Precios han experimentado variaciones positivas -aunque muy débiles- o han permanecido invariables.
En este contexto, con respecto al
dato de hace un año, el IPC anotó un moderado incremento
del 0,8% en las Islas, tres décimas menos que en febrero (+1,1%), mientras
que en el ámbito nacional registraron una tasa de variación nula.
Desde esta perspectiva, es a destacar
el encarecimiento experimentado por el grupo “Transporte” en el Archipiélago,
cifrado en un 1,9% -por el ascenso del 1,7% interanual de “Carburantes y
combustibles”-; que se produjo en contraposición con el retroceso observado por
este mismo grupo en el conjunto del país, donde se redujo un 2,4%, influido por
la notable caída de los “Carburantes y combustibles” en este ámbito (-8,0%).
En el sentido opuesto, los precios
del grupo “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” evidenciaron
una caída interanual del 3,1%, debido al descenso del 12,8% del subgrupo
“Electricidad, gas y otros combustibles”.
Por su parte, la inflación subyacente, que descuenta el efecto sobre los precios de los componentes más volátiles, estos son, los productos energéticos y los alimentos no elaborados, contabilizó en el Archipiélago un incremento del 0,4% mensual, y del 0,5% interanual.
Análisis de los grupos del IPC
En términos mensuales, se
evidenciaron caídas de los precios en los grupos “Transporte” (-1,4%), “Vivienda,
agua, electricidad, gas y otros combustibles” (-1,4%), “Ocio y cultura” (-0,5%),
y “Restaurantes y hoteles” (-0,1%)
Por el contrario, el índice general
de precios apreció aumentos mensuales en “Vestido y calzado” (+6,5%),
“Comunicaciones” (+1,2%), Bebidas alcohólicas y tabaco” (+1,0%), “Alimentos y
bebidas no alcohólicas” (+0,2%) y “Muebles, artículos del hogar y artículos
para el mantenimiento corriente del hogar” (+0,1%); mientras que los grupos
“Enseñanza”, “Otros bienes y servicios” y “Sanidad” observaron una variación
mensual nula.
En comparación con el dato de hace
doce meses, se apuntaron crecimientos de precios en “Alimentos y bebidas no
alcohólicas” (+2,7%), “Bebidas alcohólicas y tabaco” (+2,5%) “Transporte” (+1,9%),
“Restaurantes y hoteles” (+1,3%), “Otros bienes y servicios” (+1,5%), “Vestido
y calzado” (+1,1%), “Comunicaciones” (+0,7%) “Sanidad” (+0,5%), “Muebles,
artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar” (+0,3%),
y “Enseñanza” (+0,1%).
No obstante, se constataron descensos en los grupos “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-3,1%) y “Ocio y cultura” (-1,4%)
Canarias acusa una caída del empleo mayor que la del conjunto del territorio nacional.
- Los datos de afiliación hacen referencia a la media del mes de marzo, por lo que el impacto del COVID-19 sobre el empleo podría ser incluso de mayor intensidad.
- El número de parados alcanza los 227.634 personas en situación de desempleo, la cifra de paro más elevada desde marzo de 2017, cuando se contabilizaba un total de 230.779 parados.
Los datos oficiales publicados en la mañana de hoy evidencian
que la irrupción del COVID-19 ha generado un notable descenso del empleo durante
el mes de marzo en las Islas.
La Seguridad Social ha hecho
públicos hoy los datos de afiliación en términos medios referidos al pasado mes
de marzo y, aunque ya adelantan un fuerte impacto sobre el empleo, aún no están
recogiendo el efecto completo de la pandemia y las restricciones que se han
impuesto a la actividad productiva en Canarias sobre nuestro mercado laboral, y
cabe esperar a que los datos a último día de mes aún pendientes de publicarse
corroboren una caída del empleo más intensa.
Según los datos publicados
en el día de hoy, el número de
afiliados al conjunto del Sistema de la Seguridad Social en el Archipiélago se ha visto drásticamente reducido en 19.964
trabajadores, en el último mes.
Esto supone una caída relativa del 2,44% mensual, que casi duplica la registrada en el ámbito del Estado, donde el empleo se ha reducido un 1,26% (243.469 trabajadores menos).
El descenso de la afiliación ha afectado a todos los
sectores de actividad, aunque se ha dejado notar de manera especialmente intensa
en el conjunto de los servicios, que observaron una disminución de 17.279 efectivos
durante el pasado mes de marzo, fruto, sobre todo, de la caída del empleo en
ramas como la “Hostelería” (-8.670 afiliados), el comercio (-2.774 trabajadores)
o las “Actividades administrativas” (-2.475 afiliados), en un contexto condicionado
por el parón de la actividad turística y por las medidas de confinamiento
adoptadas por el Ejecutivo.
El empleo de la construcción también se ha visto
afectado de forma destacada, con una pérdida de 2.052 trabajadores a lo largo del
mes de referencia; y en la industria, la cifra de afiliación se contrajo en 416
efectivos; al tiempo que el sector agrario, apreció un descenso de 217
trabajadores menos que en febrero.
Con respecto a los datos de hace un año, el número de afiliados en Canarias
también se ha situado en terreno negativo, con 11.063 empleados menos que en
marzo de 2019, apreciándose la mayor parte de esta caída en el conjunto de los
servicios, con 7.974 personas menos, destacando la “Hostelería” (-6.622
afiliados), las “Actividades administrativas” (-2.867 efectivos), el comercio
(-1.798 personas) y los “Transportes” (-1.159 trabajadores).
Resulta importante destacar que otras actividades más
relacionadas con la Administración Pública, como las “Actividades sanitarias”
(+3.952 afiliados) y la “Educación” (+1.814 efectivos) mantuvieron la tendencia
positiva en la creación de empleo.
El resto de los sectores también acusó descensos interanuales en el empleo, observándose una caída importante de 1.954 afiliados en la construcción; seguido de la agricultura y el sector industrial, donde el número total de afiliados disminuyó en 623 personas en el primer caso, y en 513 en el segundo.
Por su parte, los datos de paro, publicados durante esta mañana, también muestran el fuerte impacto sobre la actividad que está suponiendo el COVID-19 en Canarias, anotándose un ascenso del orden del 9,53% mensual (19.797 desempleados más que en febrero), alcanzando al cierre de marzo un total de 227.634 personas en situación de desempleo, la cifra de paro más elevada desde marzo de 2017, cuando se contabilizaba un total de 230.779 parados.
A escala nacional, el paro también creció a razón de
un 9,31%, 302.265 desempleados adicionales, hasta situarse en 3.548.312 demandantes.
En términos interanuales, el paro registrado en las
Islas aumentó un 8,79%, lo que supone un incremento de 18.399 personas con
respecto a idéntico mes del ejercicio precedente.
Por sectores, en términos mensuales, el desempleo
aumentó, principalmente, en los servicios, en los que se apuntó un ascenso mensual
de 16.609 parados (+10,50%); y en menor medida, en la construcción, con 2.392 desempleados
adicionales (+11,37%).
A continuación, se situaron el sector industrial, con
579 parados más (+6,99%); y la agricultura, que vio elevarse la cifra de paro
en 95 personas (+2,10%).
En este mismo sentido, el desempleo repuntó en el colectivo “Sin empleo anterior”, donde se inscribieron 122 personas más que en el mes de febrero (+0,77%).
En los últimos
doce meses, el paro registrado también avanzó con una intensidad mayor en
los servicios, con 16.675 demandantes más (+10,54%).
Tras este sector, la construcción anotó un aumento interanual
de 2.397 parados (+11,39%); al tiempo que la industria constató un alza de 902
demandantes (+11,33%); y el sector agrario evidenció un incremento de 7
personas (+0,15%).
Por el contrario, en el colectivo “Sin empleo anterior”
observó un descenso de 1.582 desempleados (-9,06%).
A la vista de estos resultados, la interrupción de la
actividad económica y social que ha propiciado la crisis sanitaria, a buen
seguro tendrá un profundo impacto en el tejido productivo de las Islas, y de
todo el Estado, por lo que las medidas establecidas por el Gobierno en materia
fiscal, económica y laboral deben ir encaminadas a despejar la incertidumbre y
a garantizar la supervivencia de las empresas y el empleo, dotando al mercado
de trabajo de una mayor flexibilidad para hacer frente a la situación delicada
en la que se encuentra inmerso.
Valoración de la Confederación Canaria de Empresarios y sus organizaciones en las medidas adoptadas por el Gobierno el fin de semana del 28 al 30 de marzo con motivo de la crisis del COVID-19
La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) y las organizaciones
empresariales y de autónomos, ante la situación de Estado de Alerta que se
extenderá hasta las 00:00 horas del día 12 de abril de 2020 vamos a mantenernos unidas ante esta dura y
gravísima situación y acataremos las
últimas medidas sanitarias adoptadas, como hasta ahora.
Confiamos que sean eficaces para garantizar
la salud de todos los ciudadanos, como
algo absolutamente prioritario, y para
retomar cuanto antes la normalidad.
Asimismo, tras las diferentes normas publicadas este fin de semana
relacionadas con el parón de la actividad económica, así como del ámbito
laboral queremos manifestar lo siguiente:
I.- La Confederación Canaria de Empresarios y
las organizaciones empresariales seguirán redoblando sus esfuerzos, desde la
unidad de sus actuaciones.
La Confederación Canaria de Empresarios, como institución de relevancia constitucional, representativa de todos
los empresarios que componen el tejido productivo de las islas y la pluralidad
de actividades económicas, así como las
organizaciones empresariales y empresas integrantes ASINCA,
la Asociación de Autónomos de Canarias -ATA-, AECP, la Asociación de Clínicas y
Centros Hospitalarios, la Asociación de Supermercados de las Islas Canarias
-ASUICAN-, FEHT, FET, FEMEPA, FEDEPORT, la Asociación de Centros Comerciales,
ASODISCAN, FEC-FEDECO (CECAPYME), ASPROCAN, ACAC, ACADE, la Asociación Canaria
de Empresas de Gestión Inmobiliaria -ACEGI-, ACEI, ADITRAGUA, AINCO,
AOTEC, la Asociación Canaria de Tabaqueros, FEFARCAN, CEL, CONFUER, Asociación
Canaria de Industriales Tabaqueros, la Confederación Empresarial de Lanzarote -CEL-,
la Confederación Insular de Empresarios de Fuerteventura -CONFUER-, FEDEX,
FREDICA, entre otras, que; todas ellas, a su vez, integran a 288 asociaciones que agrupan a más
de 24.000 empresas y autónomos, así como casi 200.000 trabajadores, vamos a mantenernos más unidas y activas, si cabe, dada la situación
extraordinaria de urgente necesidad, redoblando los esfuerzos para dar
servicios a las empresas:
- Nos comprometemos estos días complicados a dar el
mejor servicio posible a nuestras organizaciones y empresas, recabando
información y resolviendo dudas de la manera más ágil posible, al tiempo que mantendremos
las demandas en materia fiscal, laboral y sectorial, entre otras, que compensen
los perjuicios del COVID 19 en las empresas.
- Estaremos a disposición de todos los empresarios y
autónomos para conocer pareceres, inquietudes y propuestas de cara a superar
esta situación lo más rápidamente posible.
- Hemos tomado medidas redoblando esfuerzos para
continuar la actividad de defensa de los intereses empresariales, poniendo
todos los medios para facilitar el teletrabajo y otros mecanismos de adaptación,
con el fin de que se mantenga la prestación de los servicios a las empresas en
las mismas condiciones y garantías.
- Vamos a seguir garantizando la prestación de servicios
a las empresas y autónomos con normalidad, en cumplimiento de las decisiones
tomadas por el Gobierno y, concretamente, tras el último Real Decreto ley
publicado este domingo, 29 de marzo de 2020.
En definitiva, la Confederación
Canaria de Empresarios (CCE) y las
organizaciones empresariales seguirán volcándose con todos los sectores,
autónomos y territorios, sin excepción, para que las Administraciones estatales,
autonómicas y locales establezcan las necesarias medidas de carácter económico
y, sobre todo, actúen con diligencia y celeridad, ya que de ello depende el
bienestar de empresarios, trabajadores y, de la sociedad en su conjunto.
II.- La Confederación Canaria de Empresarios y
sus organizaciones alertan que el cierre de nuevas actividades que establece el
nuevo Real Decreto ley va a generar un enorme impacto sin precedentes en la
economía y el empleo de Canarias que nos puede llevar, incluso, a una crisis
económica más profunda con las correspondientes repercusiones sociales.
Las medidas establecidas entendemos que van a generar un enorme impacto sin precedentes en la economía de Canarias, especialmente en los autónomos y las pequeñas empresas y en los sectores como el industrial, la construcción, la agricultura y los servicios.
La publicación de la norma se produce a última hora del domingo,
impidiendo a las empresas poder organizar su cierre con tiempo suficiente y,
permitiendo excepcionalmente prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020 con
el único propósito de llevar a cabo las tareas imprescindibles.
También se mantuvo la incertidumbre y el desconcierto total en la
actividad empresarial, hasta el último momento, de cuáles serían las
actividades no esenciales.
En este sentido, estas medidas pueden ocasionar el cierre definitivo de
muchas empresas y autónomos, por lo que es necesario redoblar los esfuerzos
para que se adopten, con carácter de urgencia, medidas
de carácter económico que palien esta
dramática situación y que no provoquen una destrucción masiva de tejido
empresarial y del empleo de manera definitiva.
Muchas de las medidas planteadas son desacertadas y contraproducentes,
por lo que instamos que se adopten medidas fiscales, económicas y laborales
imprescindibles para garantizar la viabilidad y supervivencia de las empresas
y, por ende, del empleo de los trabajadores.
III.- Sobre las medidas laborales y los
servicios esenciales
Entrando en cuestiones concretas;
1) desde
un punto de vista constitucional nos surgen dudas sobre si:
(i) un Real Decreto ley puede regular materias reservadas a Ley orgánica -puede
afectar a la propiedad privada y a libertad de empresa-
(ii) teniendo el Estado competencias para regular en el ámbito laboral,
creemos que va más allá de lo constitucionalmente permitido, supliendo
voluntades, eliminando facultades empresariales, estableciendo un permiso
retribuido gubernamental que pagan las empresas y no el Gobierno; aspectos
todos ellos propios de un modelo de economía estatalista y dirigida.
2) ha
eludido, una vez más, al acuerdo con las organizaciones empresariales, incluso
obvia la necesaria consulta en una materia de la magnitud de lo aprobado,
obviando el papel que nuestro ordenamiento jurídico reserva a las
organizaciones empresariales como instituciones de relevancia constitucional.
Estas
medidas generarán una señal de alarma que afectará a las decisiones de futuras
inversiones empresariales, tanto por el fondo de las medidas adoptadas, como
por la inseguridad jurídica, el intervencionismo, y la desprotección y ataque a
la iniciativa empresarial que se desprende de las mismas.
- La imposibilidad de tomar
decisiones extintivas durante el periodo de restricciones, yendo en contra del
principio de libertad de empresa y poniendo en duda la honorabilidad empresarial,
bajo la sospecha de que se cometa fraude.
- la revisión de oficio de los ERTES
y sanciones ante la consideración por parte de la Administración de que las
medidas solicitadas por la empresa en relación al empleo no resultaran
necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina. Se
trata de una nueva medida inaudita que nos aboca a una enorme inseguridad
jurídica y donde la Administración se arroga unas competencias que no le
corresponden, puesto que se trata de cuestiones que, en todo caso, deberían
determinar los Tribunales.
- La suspensión de los contratos
temporales que supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de
estos contratos como de los períodos de referencia equivalentes al período suspendido,
implicará que sectores como el turístico que ha tenido que cerrar en temporada
alta y que tenían contratos en vigor que vencían después de la Semana Santa, en
la reapertura sin apenas actividad, tendrán que mantener las plantillas previas
a la crisis sanitaria.
- En relación a los permisos
retribuidos entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive,
todas las personas trabajadoras por cuenta ajena -excluyen a los autónomos-,
durante este período de tiempo, quedarán exoneradas de prestar sus servicios,
si bien los empresarios continuarán pagando los salarios y las cotizaciones a
la seguridad social por la totalidad de la jornada habitual, por todos los
conceptos retributivos y, al margen de que se recuperen las horas de trabajo a
lo largo del año, el primer impacto que se produce es de Tesorería para las
empresas, al tener que pagar unas cuantías por un trabajo no recibido sin ingresos
de actividad, por lo que debería pagarlo las administración pública y no las
empresas.
- Echamos en falta mecanismos de desahogo financiero para los autónomos
En este
sentido, lo que precisan las empresas es disponer de mayores instrumentos de
flexibilidad para gestionar sus relaciones laborales y poder utilizarlos,
evitando o limitando, de ese modo, extinciones de contratos.
IV.- Planteamientos finales
Las empresas canarias acatamos las
últimas medidas sanitarias adoptadas, como hasta ahora, al entender que la
prioridad es la salud de las personas.
Se sigue
con el enfoque idílico y poco realista por parte del Gobierno de que al día
siguiente del levantamiento de las restricciones el impacto de lo ocurrido no
generará consecuencias, mostrando una evidente negación de la realidad de una
economía globalizada.
Las normas
publicadas este fin de semana transpiran una desconfianza injustificada en la
capacidad y responsabilidad en la gestión empresarial.
Las
medidas están estableciendo una limitación sin precedentes de las facultades
empresariales que son esenciales desde el punto de vista organizativo, poniendo
en grave riesgo las posibilidades empresariales de sobreponerse a las
dificultades sobrevenidas por causas dramáticas y ajenas a su voluntad.
En
relación al último Real Decreto ley publicado en la noche del domingo, 29 de
marzo de 2020 tiene el objetivo de reducir la movilidad para garantizar la
salud, un planteamiento loable, si no fuera porque el medio para conseguirlo ha
sido instituyéndose como empresario privado para actuar sobre las empresas como
si fueran propias.
La única salida posible es la confianza mutua -algo que no se desprende de los últimos dos Reales Decreto leyes- y la puesta a disposición de las empresas y autónomos de mecanismos de desahogo financiero, económicos y laborales que aporten oxígeno para reducir los efectos perjudiciales que se derivan de esta catastrófica situación para empresas y trabajadores. En este sentido, echamos en falta la exoneración de las cuotas de autónomos a la Seguridad Social y otros incentivos para su mantenimiento como fórmula para salvar su existencia.
Las
sociedades más modernas y avanzadas tienen como característica destacada la
institucionalización del diálogo social entre las distintas entidades
territoriales y los agentes económicos y sociales representados por las
organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
En
definitiva, es importante que las asociaciones empresariales se proyecten para
intervenir en las relaciones laborales, contribuyendo, como dice el art. 7 de
la Constitución, en paralelo con los sindicatos, a la defensa y promoción
de los intereses económicos y sociales que les son propios, siendo su
acción principal el diálogo social con las
administraciones públicas, como instrumento básico para la recuperación y la
coordinación que continúa siendo efectiva en el ámbito autonómico canario,
-pero no en el nacional-, agradeciendo el esfuerzo del Presidente de Canarias
en la unidad de acción con las organizaciones empresariales y sindicales más
representativas.
José Cristóbal García García
Secretario General
En Las
Palmas de Gran Canaria, 30 de marzo de 2020
En el siguiente enlace puede descargar las valoraciones en [PDF]
Conclusiones del Informe de Coyuntura Socioeconómica, Febrero de 2020
Como viene siendo habitual, en nuestro informe analizamos la evolución más reciente de los indicadores económicos de nuestra región según la última información disponible que proporcionan las fuentes de datos oficiales. Lamentablemente, los datos de los que disponemos aún no nos permiten valorar el enorme impacto que está teniendo la pandemia sobre nuestra economía, pero la publicación de este informe nos ayuda a identificar la posición de la que partía Canarias antes de afrontar esta nueva situación.
Tal y como recogemos en las conclusiones de nuestro informe, la economía canaria ya venía mostrando claros síntomas de desaceleración antes de la pandemia, que la llevaban a registrar tasas de crecimiento que, aunque positivas, iban a ser cada vez más moderadas e inferiores a la media nacional. El impacto de la crisis del COVID-19 no hará más que ahondar en un mayor estancamiento de la economía por restricciones de la oferta y la demanda, y sus efectos se verán reflejados en los indicadores que se hagan públicos a partir del próximo mes.
A continuación puedes acceder al Informe de Coyuntura Socioeconómica del mes de febrero que elabora la Confederación Canaria de Empresarios.
* Puede acceder al texto íntegro del Informe a través del siguiente enlace Informe Febrero 2020
Las ligeras señales de estabilización del
crecimiento que comenzaba a mostrar la economía internacional al inicio
de 2020, tras más de un año inmersa en un proceso de desaceleración, se han
diluido con el impacto económico que está teniendo la crisis sanitaria que ha
generado el brote del coronavirus en, prácticamente, todo el planeta.
Las medidas de contención adoptadas por diferentes
países en las últimas semanas han tenido un claro impacto en el ámbito social y
personal, pero también han repercutido de manera brusca en el ámbito económico.
Los principales índices bursátiles en los mercados
financieros internacionales ya habían comenzado a mostrar una tendencia
negativa a mediados del mes de febrero, anticipando un empeoramiento que
terminó trasladándose a la economía real en las primeras semanas del mes de
marzo.
En esta tesitura, la Reserva Federal (FED) ha
reducido hasta en dos ocasiones los tipos de interés de referencia, situándolos
en la horquilla del 0,00-0,25%, por primera vez desde la crisis en 2008; además
de anunciar la compra de activos por valor de 700.000 millones de dólares; y de
coordinarse, finalmente, con los principales bancos centrales del mundo parar abordar
una estrategia de acción que permita facilitar la inyección de liquidez en el
sistema, con la intención de garantizar la liquidez del mercado y la
estabilidad de la actividad económica.
Por su parte, el Banco Central Europeo, tras las
medidas adoptadas ya el pasado 10 de marzo, que, entre otras, contemplaban la
compra de activos por valor de 120.000 millones de euros adicionales, en la
noche del pasado día 18 de marzo, y tras una reunión de urgencia, anunció la
puesta a disposición de los mercados financieros europeos de un programa de
compra de activos de 750.000 millones de euros, tanto públicos como
corporativos, y de las entidades financieras, hasta finales de este año, aunque
se apresuró a indicar que podrá ser prorrogado más allá de esta fecha si la
situación así lo requiriera.
El BCE daba un primer paso para evitar que los
efectos negativos de la pandemia tuvieran impacto sobre la deuda soberana de
los países especialmente más vulnerables, y garantizar que todos los sectores
de la economía puedan beneficiarse de unas condiciones financieras favorables.
Resulta clave que la compra de activos dentro de
este nuevo programa tenga un carácter flexible, tanto en la clase de activos
que se pueden adquirir, como la cantidad de estos entre las diferentes jurisdicciones.
Asimismo, el BCE comunicó la ampliación del programa
actual de compras de deuda corporativa a pagarés de entidades no financieras, y
la flexibilización del tipo colateral con el que las entidades financieras
pueden acudir a las subastas de liquidez, para favorecer que esta tenga un
mayor traslado sobre la economía real.
Los mercados de materias primas también han acusado un fuerte impacto, habida cuenta de la paralización de la actividad industrial, especialmente en China, que ha provocado una caída rápida de la demanda y ello ha repercutido sobre los precios, especialmente en el caso del petróleo.
No en vano, en las últimas semanas se han registrado
caídas históricas en el precio del Brent, que tras cerrar el mes de febrero en
el entorno de los 55 dólares, ha llegado a alcanzar incluso los 23 dólares por
barril durante los últimos días.
En Estados Unidos, los principales
indicadores de actividad y confianza ya comienzan a dar muestra del impacto del
coronavirus. A corto y medio plazo, la evolución de la actividad económica
dependerá de cómo se gestione la alerta sanitaria, aún por determinar, en un
contexto afectado también por la incertidumbre en torno a la prohibición de los
vuelos desde varios lugares del mundo, incluyendo la Unión Europea, hacia el
país norteamericano, y las próximas elecciones presidenciales previstas para
finales del presente año.
En lo que respecta a las economías emergentes,
la salida de capitales en busca de refugio en valores con mayor seguridad ha
afectado de forma determinante, lo que unido al comportamiento de los precios
de materias primas y del crudo, condiciona en gran medida el crecimiento de
estos países.
En el caso de China, origen del brote vírico,
la paralización parcial de la economía -con la consiguiente caída de las
exportaciones-, y la caída de las ventas minoristas tendrán reflejo en un
aumento del ritmo de desaceleración que se preveía más gradual, aunque comienza
ya a vislumbrarse la salida de la crisis sanitaria.
En la Zona del Euro, la actividad económica
también se verá afectada por la expansión del coronavirus, y aunque
inicialmente preocupaba el impacto sobre las economías de Italia y España, los
datos de contagio y medidas de alarma que ya han comenzado a adoptar otras
economías como Francia o Alemania, presagian un escenario negativo para los
próximos meses en el conjunto de países que conforman la Unión monetaria.
La crisis sanitaria está obligando a los países
europeos a reformular nuevas estrategias de gasto con las que combatir sus
efectos sobre la producción y el empleo, y todo ello se ha sucedido en un
momento en el que la Unión Europea ya estaba negociando el nuevo marco
presupuestario de la Unión Europea para el periodo 2021-2027.
La Comisión Europea ha comunicado que flexibilizará
las reglas de estabilidad presupuestaria, al tiempo que han propuesto destinar
37.000 millones de euros procedentes de los Fondos Estructurales y de Cohesión
a paliar los efectos de la crisis sanitaria.
En lo que se refiere a España, el avance del
COVID-19 llevó al Ejecutivo a decretar oficialmente el estado de alarma el día
14 de marzo, y con ello se han establecido limitaciones a la movilidad,
restricciones a la actividad productiva y controles fronterizos, que se
traducen en la paralización de gran parte de la actividad económica.
Las características de esta crisis tienen un impacto demoledor sobre sectores especialmente expuestos como son el turismo, el transporte y el comercio, aunque sus efectos se extienden a todo el entramado productivo del país.
En este escenario, el Gobierno del Estado ha
anunciado un paquete de medidas sociales, laborales, económicas y de
investigación científica, por un montante de unos 200.000 millones de euros.
La economía canaria ya venía mostrando claros síntomas de desaceleración antes de la pandemia, que la llevaban a registrar tasas de crecimiento que, aunque positivas, iban a ser cada vez más moderadas e inferiores a la media nacional.
El impacto de la crisis del COVID-19 no hará más que
ahondar en un mayor estancamiento de la economía por restricciones de la oferta
y la demanda, por lo que conviene, además de tomar medidas específicas para
mitigar el impacto, diseñar un Plan de actuación a medio y largo plazo que
incorpore un impulso de la inversión productiva en la medida que están haciendo
otros países de nuestro entorno como Alemania, Italia y Francia.
Un primer paso debe ser la adopción de medidas que
permitan la supervivencia del tejido productivo con el objeto de mitigar en lo
posible su impacto y garantizar la recuperación de la producción y del empleo
una vez finalice la situación actual.
El Real Decreto-ley 8/2020, que aprobó el Gobierno
el 17 de marzo, contempla una serie de medidas urgentes y de carácter
extraordinario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19,
entre ellas el establecimiento de una líneas de avales y financiación dirigidas
a mantener la liquidez de nuestras empresas, y otras orientadas a flexibilizar
la tramitación de Expedientes de Regulación Temporales de Empleo.
Este tipo de medidas resultan clave para la economía canaria, donde debemos recordar que la actividad turística representa el 23,2% del PIB regional y el 29,1% del empleo, solo en actividades directas como son hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de alquiler de vehículos, transporte de pasajeros, y ocio complementario.
Si incorporamos los efectos indirectos de otras actividades que también están vinculadas al turismo, los porcentajes anteriores se elevan hasta el 35% del PIB y el 40,4% del empleo total generado en Canarias.
Si retomamos la situación que afrontaba el Archipiélago hasta el mes de febrero, se puede apreciar que el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social ya venía dando muestras de desaceleración.
En los dos primeros meses del año, el número
afiliados en las Islas acumulaba una caída de 5.653 efectivos, tras registrar
un importante descenso en el mes de enero que supuso la caída de 15.390
empleos.
En estos dos primeros meses, el empleo se había
resentido especialmente en actividades clave para la economía regional como el
comercio (-4.310 trabajadores) o la hostelería (-963 afiliados).
En cambio, y mientras la actividad privada perdía
empleo, otras ramas relacionadas con la Administración Pública aumentaban la
afiliación, como era el caso de “Educación” o “Administración Pública y
defensa; Seguridad Social obligatoria”, que, en conjunto, lograban sumar 2.177
empleos durante los dos primeros meses del año.
Otros indicadores también acusaban la desaceleración
y arrojaban datos de variación negativa como era el caso de la llegada de
turistas extranjeros a las Islas, que experimentó un descenso del 1,5% en el
mes de febrero, o la matriculación de vehículos que acusó una caída del 4,9 por
ciento.
Por otro lado, la evolución de los precios en las
Islas durante febrero ya advertía de un estancamiento del consumo, al registrar
un tímido aumento del 0,1% en términos mensuales.
Cabe reseñar, en este sentido, que los precios del
“Transporte” cerraron ese mes de febrero con un incremento del 0,3%, a
diferencia de lo sucedido en el ámbito del Estado, donde este grupo anotó una
caída mensual del 0,7%, en un contexto en el que el precio de los carburantes
descendió con una mayor intensidad en el conjunto del país (-2,0%) que en las
Islas (-0,6%).
Las limitaciones a la actividad que impone el estado
de alarma profundizará en una mayor contracción de la demanda, y sus efectos se
verán reflejados en los indicadores que se hagan públicos a partir del próximo
mes.
La situación actual precisa de la aplicación de
medidas efectivas que garanticen, en primer lugar, la fortaleza del sistema
sanitario, pero también deben facilitar el acceso a la liquidez de las empresas
y asegurar la supervivencia de nuestro tejido productivo para recuperar el
empleo y la senda de crecimiento.
Si bien es cierto que esta crisis sanitaria repercutirá de manera irremediable sobre nuestra economía, y su intensidad dependerá del tiempo en que se prolongue, la capacidad de recuperación de nuestro sistema productivo dependerá de la eficacia y rapidez con la que se adopten medidas de contención del impacto y reactivación económicas.
